Garantizar el derecho a la educación sin costo parece ser un
despropósito, así lo han dejado ver las autoridades de gobierno justificándose
de las demandas que más de medio Chile reclama. Los estudiantes serían unos
irresponsables que están exigiendo algo imposible para un país como el nuestro,
a pesar que en países vecinos equivalentes eso se da en forma natural, eso de
garantizar el derecho a la educación, ese algo que sin embargo fue posible en
el pasado, en un Chile mucho más pobre que el actual.
De modo que los estudiantes, esos molestos intransigentes,
que tienen a Chile alborotado desde hace 6 meses, deben ser derrotados. El
gobierno está jugando todas sus cartas para ganar esta batalla, una batalla
contra la educación gratuita, no contra los estudiantes. Hilando más fino, una
batalla contra los responsables de garantizar este derecho, es decir una
batalla contra el gobierno que pretende ganar el propio gobierno, es decir un
triunfo contra si mismo, que no es más que una derrota inflingida al país que
pretenden gobernar.
Es por esa razón, que los platos rotos, los destrozos en las
batallas campales entre estudiantes y carabineros, estúpidamente sus voceros
oficiales, quisieran culpar de ello a los reclamantes, sin tener la menor
autocrítica de la responsabilidad que ellos tienen, de ser refractarios a lo
que reclama el pueblo que en forma mayoritaria se está manifestando y que
ordenan reprimir.
Lo peor de todo es que los parlamentarios que se
autodenominan de oposición, no ejercen la función para la cual han sido
elegidos, es decir, la de defender al pueblo y fiscalizar los actos públicos
erróneos de sus gobernantes. ¿Alguien ha preguntado cuánto nos ha costado a los
contribuyentes cada bomba lacrimógena, cuánto nos cuesta un helicóptero rondando
las manifestaciones, cuánto nos cuesta el combustible de guanacos y zorrillos,
cuánto nos cuesta utilizar todo ese contingente policial? ¿Cuánto nos cuesta
cada palo, cada traumatismo que sufren nuestros jóvenes?
¿Existe acaso una investigación de la Contraloría , alguien
está enjuiciando la torpeza de las autoridades, su incompetencia, su
irresponsabilidad, su intransigencia? ¡Quién debe pagar los costos carajo!
El gobierno es farandulero, le es más rentable a corto plazo
hablar de violencia que del problema real que debiera enfrentar, es decir, la
educación. Mediante los medios de comunicación que domina sin contrapeso,
exhibe como una prueba elocuente el incendio de un bus del Transantiago, que
independientemente de quién lo haya incendiado, es un bus que está debidamente
asegurado, es decir, es un chiste. Sin embargo, el año escolar de una gran
cantidad de estudiantes chilenos no está asegurado, y esto, es de exclusiva
responsabilidad del gobierno de turno, es decir de los mismos que se niegan a solucionar
el problema. Pasará a la historia este gobierno como el gobierno que dejó que
se perdiera un año de educación. ¡Un año en que el aprendizaje se detuvo!
Los representantes populares, que han sido elegidos como
todo el mundo sabe mediante un sistema que adultera la votación ciudadana,
permitiendo la sobrerrepresentación de coaliciones que han demostrado su
servilismo a los señores poderosos, a la clase alta que nos domina, se permiten
escandalizarse porque parte del pueblo irrumpe en sus reuniones y altera el
orden en la sala, sin embargo en el pasado reciente, no les ha incomodado para
nada, que circulen libremente por los pasillos del Congreso los lobbistas para
asegurar votaciones de leyes, que se sienten entre los senadores, como fue el
caso del Oscar Guillermo cuando se votó leyes que podían afectar los intereses
de Telefónica a los cuales servía en su más alto cargo. ¡Garretón y Enrique
Correa alteraron algo más que el orden de la sala del Senado de la República y nadie dijo
nada!.
Chile merece algo mejor, su pueblo se lo ha ganado en las
calles.
